En septiembre del año pasado, una decisión judicial sacudió los cimientos del sistema judicial chileno. El juez Héctor Barraza decidió que los nombres de los testigos protegidos en un caso de alto perfil debían ser conocidos por las defensas, una acción sin precedentes que desató un escándalo nacional. Cuatro defensores penales tuvieron acceso a esta información confidencial, llevando a una controversia que aún resuena en los tribunales.

Según relata Ximena Astudillo, corresponsal de El Mostrador, el juez Barraza tomó la decisión de abrir un sobre cerrado, custodiado celosamente en el juzgado de garantía, que contenía los nombres de estos testigos protegidos. Aunque todos los medios hablaron de un “sobre”, en realidad se trató de fotocopias que se distribuyeron a los defensores. “El contenido fue fotocopiado así como las fotocopias de la universidad se repartieron”, comenta Astudillo, destacando la gravedad del hecho.

La fiscalía reaccionó de inmediato, logrando una orden de no innovar para que los documentos fueran devueltos al tribunal. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. A pesar de los esfuerzos del Ministerio Público por acusar penalmente a los defensores involucrados, en octubre de ese mismo año, la fiscalía sorpresivamente decidió retrotraer la acción penal, lo que levantó sospechas sobre la transparencia del proceso.

“La corte de apelaciones ordenó un sumario, pero adivine qué pasó con ese sumario”, señala Astudillo con ironía. El resultado fue la absolución del juez Barraza, quien fue exonerado de toda culpa, argumentando que actuó en consecuencia con la información que tenía en ese momento. La investigación interna concluyó que el juez no conocía la resolución de un comité de jueces que había autorizado al fiscal, quien estaba bajo amenaza, a mantener la confidencialidad de los nombres.

Este caso no es el único en su tipo. Según Astudillo, ya se había resuelto anteriormente un caso en la Araucanía con testigos protegidos, pero la decisión fue revertida por la corte. Sin embargo, en esta ocasión, la absolución del juez Barraza ha dejado un sabor amargo, especialmente porque se permitió que continúe a cargo de los casos, incluso aquellos relacionados con la organización delictiva en cuestión.

Uno de los puntos más preocupantes que destaca la periodista es la rotación de los funcionarios policiales que investigan estos casos, un mecanismo diseñado para proteger su seguridad. Sin embargo, Astudillo advierte sobre los errores que pueden cometer en este proceso, como lo sucedido con un joven de 21 años que murió en un accidente de tránsito protagonizado por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

Este accidente, ocurrido el pasado miércoles en la madrugada, involucró a un policía que conducía un deportivo a gran velocidad y en estado de ebriedad. “El video es súper claro, él pasó con rojo impactó y había un joven que iba no adelante sino que iba atrás salió volado”, narra Astudillo, subrayando la gravedad del incidente. Además, el policía se negó a realizar la alcoholemia y alcotest, lo que complicó aún más su situación legal.

La periodista también hace un llamado de atención sobre la responsabilidad de las autoridades y la ciudadanía en general. Según Astudillo, la pandemia y los retiros del 10% permitieron que muchas personas compraran vehículos sin la preparación adecuada para conducir, lo que ha incrementado los accidentes de tránsito. “Hay falta de fiscalización porque faltan policías y porque están enfocados en unos temas de crimen organizado”, comenta Astudillo.

Finalmente, Astudillo hace una reflexión sobre la toma de terrenos y la usurpación en Chile. “Los pueblos originarios no se toman los terrenos”, enfatiza, criticando la validación social que algunos medios y ciudadanos dan a estas acciones. Astudillo también cuestiona el manejo del gobierno respecto al caso Cerro Chuño, donde el Estado ha gastado millones de pesos en un problema que parece no tener fin.

En resumen, la absolución del juez Barraza y los eventos recientes ponen en tela de juicio la efectividad y la transparencia del sistema judicial y de las autoridades encargadas de mantener el orden en el país. Estos casos dejan muchas preguntas sin responder y revelan fallas profundas en el manejo de la justicia y la seguridad en Chile.