Municipio denuncia en Fiscalía loteos irregulares que dañan humedal del río Lluta

Municipio denuncia en Fiscalía loteos irregulares que dañan humedal del río Lluta

Las tomas generan un perjuicio irreversible al frágil santuario de la naturaleza.

Para cumplir con la ley general de Urbanismo y Construcción, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola Rojas, puso en la Fiscalía una denuncia contra quienes resulten responsables de las tomas y loteos irregulares que le causan un daño irreparable al ecosistema del humedal del río Lluta.

Con informes de la Dirección de Obras Municipales que acreditan la existencia de los loteos irregulares en sus manos, Espíndola dijo que “quienes sean identificados por el uso de esos espacios corren el riesgo de irse detenidos”.

Daño irreversible

“Las tomas lo único que hacen es generar un daño irreversible a un medioambiente tan frágil como es el que tenemos en nuestro maravilloso humedal”, expresó el alcalde de Arica.

De manera paralela la municipalidad está “trabajando en la presentación de otras denuncias al Tribunal Ambiental, por el daño que se está generando al utilizar de manera irregular este lugar”.

Como la toma ilegal ocurre en terrenos privados, y para el municipio es complejo poder acceder a ellos, “no podemos sacar a las personas que están causando un daño en ese sector”, dijo Espíndola.

Quieren justicia

El presidente del Comité Ambiental Comunal de Arica, Roberto Torres, manifestó que “como Comité que asesora al municipio en materia ambiental, estamos muy contentos por esta acción que busca hacer justicia en un lugar tan preciado para todos los ariqueños”.

Con pena y dolor Torres recordó que “hace un par de años que el humedal del río Lluta ha sufrido un daño producto de estas tomas irregulares que están en terrenos privados, y la ley en terrenos rurales lo prohíbe, si no tienes permiso”.

“Además, hay una modificación a la ley de Urbanismo y Construcción que está en el Senado, y que va a salir muy pronto, en la cual la gente que está siendo denunciada se expone a penas entre 5 y 10 años de cárcel”, indicó Torres.

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